Divendres 28 de gener de 2011,

EL PACTO  CONTRA LA CLASE TRABAJADORA,  SE CONSUMÓ

ACM III REPÚBLICA
SPM.-27-1-2011

Valeriano Gómez, ministro de Trabajo, afirmó que se debían cotizar 41 años para poder jubilarse a los 65. Tras explicar a los representantes de las comunidades autónomas su propuesta sobre las políticas activas y el cambio de la ayuda de los 426 euros a los 365 euros para lo/as parados/as de larga duración que se sometieran a un cursillo, -según él, mientras haya dinero-, y en todo caso, durante seis meses, Gómez dijo que esa es la "flexibilidad que propone el Gobierno".

Según este ministro “socialista”,  quienes hayan cotizado 41 años a la Seguridad Social podrán seguir jubilándose a los 65, mientras que los que no tengan un período suficiente tendrán que alargar su salida del mercado de trabajo hasta los 67 o sea, hasta la tumba. Valeriano Gómez recordó que la implantación de los 67 años se hará de forma “flexible”, ya que el cambio comenzará en enero del 2013 y terminará en el 2027. Lo que no dice este ministro es que aumentar cinco años la base reguladora, reducirá la pensión media en un 6%, y un 10% adicional si lo hace hasta los 67 años.

Preguntado cómo van las negociaciones con los sindicatos y la patronal para cerrar un pacto global que vaya más allá de las pensiones, expresó su deseo de que se pudiera alcanzar antes de que el Congreso votara las consensuadas recomendaciones del Pacto de Toledo sobre pensiones. "Ojalá" fuera así, afirmó el ministro de Trabajo (proveniente de la UGT), quien añadió que ese consenso sería una "muy buena noticia", ya que tenía la esperanza puesta en la buena disposición de los sindicatos (una nueva bajada de pantalones). No obstante, matizó que "no es imprescindible" que la negociación termine antes de que se vote, mañana por la tarde,  dichas recomendaciones, en referencia a que es el viernes cuando el Ejecutivo aprueba su anteproyecto de Ley de reforma de las pensiones. Al respecto, destacó que las negociaciones con los agentes sociales se van a intensificar esta semana, porque el "ánimo" del Gobierno es acercar posturas. ¡”Que forma de marear la perdiz”!

Valeriano Gómez eludió dar detalles de cómo van las negociaciones y si se están acercando esas posiciones de las que hablaba, porque por respeto a la partes, ni puede ser "radiada ni televisada", (¡es el colmo de la poca vergüenza!). En cuanto a si el Gobierno ha logrado un mayor respaldo en la votación de las recomendaciones del Pacto de Toledo, Gómez dijo que el objetivo es obtener el "máximo acuerdo"- cosa que ya lo tienen pactado con PP-CiU-PNV desde hace tiempo- . CiU sigue salvando a Catalunya, ¡que ironía!.

Pero el acuerdo llegó, como se esperaba, con la vaselina de la confusión y “arreglos” que han caracterizado esos encuentros. ¿En que ha quedado todo? .Pues en que los trabajadores y trabajadoras tendrán que trabajar (el que pueda), hasta los 67 años para jubilarse, ya que de otra manera será difícil, por no decir imposible, que se tenga los mínimos requeridos para acceder a ella (además, los 25 últimos años de cotización debe ser continuos, hasta ahora eran 15). Han introducido toda una serie de farragosos requisitos de difícil aplicación, según la “Reforma Laboral” que han puesto en marcha. Acuerdan 37 años cotizados para jubilarse a los 65, cuando hasta ahora con 35 años era suficiente; con 38,5 años cotizados pueden jubilarse de los 63 a los 67 años, (con las pérdidas en porcentajes  consiguientes). Todo este laberíntico “acuerdo”, lo tendremos en ejecución a partir del próximo viernes día 28-1-2011. El P$-E con el apoyo de CiU han terminado de cargarse el endémico estado del bienestar que quedaba, pactado con los sindicatos amarillos CCOO-UGT, a la baja y como siempre, en contra de la clase trabajadora.

Esas esclavizantes determinaciones tomadas, nos vienen a aclarar que clase de individuos dirigen los destinos de la ciudadanía en este país, tanto políticas como sindicales, y por consiguiente, deben alertarnos de que cualquier apoyo (votos) que se les preste ya sea en las administraciones locales, autonómicas o estatales, es potenciar a personas cuyas políticas son contrarias a los intereses de la ciudadanía, fundamentalmente, a la clase trabajadora.